En un contexto de crisis económica y deterioro institucional, el acceso a medicamentos esenciales debería ser una prioridad innegociable del Estado. Sin embargo, los datos revelados por el Observatorio de Acceso a Medicamentos de la Fundación GEP y los escándalos que sacuden a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) exponen una realidad alarmante: bajo el gobierno actual, la salud pública ha sido convertida en un terreno fértil para prácticas corruptas, negociados opacos y concentración de poder en manos de funcionarios que operan más como intermediarios comerciales que como garantes de derechos.

Contrataciones directas: el atajo de la corrupción

El informe de la Fundación GEP señala un crecimiento interanual en el uso de contrataciones directas para la compra de medicamentos, especialmente antirretrovirales y tratamientos para hepatitis C. Lo preocupante no es solo la falta de licitaciones públicas, sino que muchas de estas compras se realizaron bajo el argumento de exclusividad, sin que los laboratorios tuvieran derechos de propiedad intelectual sobre los productos. Es decir, se evitó la competencia sin justificación legal, favoreciendo precios inflados y proveedores seleccionados a dedo.

Este mecanismo, lejos de ser una excepción por urgencia sanitaria, se ha convertido en una práctica sistemática que permite el direccionamiento de fondos públicos sin control ni transparencia. En lugar de recurrir al Fondo Estratégico de la OPS o abrir licitaciones que promuevan la competencia, el gobierno ha optado por cerrar el juego y blindar negociaciones que benefician a pocos.

Los audios de Spagnuolo: la confesión que lo dice todo

La filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, no solo reveló un sistema de retornos ilegales en la compra de medicamentos, sino que dejó al descubierto una red de corrupción que involucra a funcionarios del más alto nivel. En sus propias palabras, Spagnuolo describe cómo se pactaban coimas del 8% sobre las compras, parte de las cuales habrían sido destinadas al entorno presidencial.

La droguería Suizo Argentina, mencionada en los audios, aparece como pieza clave en este esquema, con contratos millonarios y allanamientos que revelaron sobres con dinero en efectivo. Pero más allá de los nombres, lo que queda claro es que el Estado ha sido capturado por una lógica empresarial donde los funcionarios operan como gestores de negocios privados.

Exclusividad y aumentos de precios desmedidos

El informe del Observatorio también destaca la concentración de compras en manos de una sola farmacéutica: Richmond. En 2024, esta empresa absorbió más del 60% de la inversión de la DVIHT en medicamentos y reactivos, siendo el antirretroviral Darunavir 800 mg + Ritonavir 100 mg el principal producto adquirido. Lo escandaloso es el aumento de su precio: de $455,83 por comprimido en marzo de 2023 a $4.295 en noviembre de 2024. Un incremento del 863%, cuando la inflación general fue del 483%.

Este tipo de aumentos no puede explicarse solo por la dinámica del mercado. La falta de licitaciones, la concentración en un único proveedor y la ausencia de controles sugieren una connivencia entre funcionarios y empresas, donde el Estado actúa como garante de rentabilidad privada en lugar de defensor del interés público.

El Estado como cómplice

Lo que emerge de estos datos y denuncias no es solo una mala gestión, sino una estructura de corrupción institucionalizada. Las contrataciones directas, los sobreprecios, los retornos ilegales y la concentración de compras en pocos actores configuran un modelo donde el Estado ha dejado de ser árbitro para convertirse en cómplice.

La salud pública, en este esquema, no es un derecho sino una oportunidad de negocio. Y quienes pagan el precio son los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, que ven cómo los recursos destinados a garantizar su bienestar son desviados para alimentar redes de corrupción.

El costo de la opacidad

La compra directa de medicamentos, especialmente cuando no existe exclusividad por propiedad intelectual, debería ser la excepción y no la regla. El informe de GEP lo subraya con claridad: es fundamental abrir procesos de licitación pública que permitan la competencia de precios y el acceso a versiones genéricas. Esto no solo promueve la transparencia, sino que fortalecen la sostenibilidad de los tratamientos y garantizan el derecho a la salud.

Cuando el Estado opta por la opacidad, el costo no se mide solo en millones de pesos, sino en vidas. Cada peso malgastado en sobreprecios es un tratamiento menos para quienes lo necesitan.