Alerta sanitaria: Diputados está a tiempo de frenar un acuerdo con EE.UU. que genera monopolios, encarece los medicamentos y bloquea el acceso a los genéricos

La Fundación GEP, miembro de la Mesa Multisectorial No al Acuerdo Argentina-EEUU lanzó la campaña «Un Escudo para la Salud” y envió un kit de emergencia a los legisladores nacionales para advertir que el acuerdo bilateral atenta contra el acceso a medicamentos. Con datos contundentes sobre el ahorro que generan los medicamentos genéricos, la comunidad organizada exige a los diputados y diputadas que voten en contra de las exigencias abusivas de las corporaciones de EE.UU.

BUENOS AIRES, 1 de julio de 2026 – La Fundación GEP (Grupo Efecto Positivo) envió hoy a los despachos de los diputados un kit técnico y de emergencia diseñado para exigir a los legisladores que protejan el acceso a la Salud de las y los argentinos. El envío se realizó ante el inminente tratamiento parlamentario del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) firmado de manera bilateral entre Argentina y Estados Unidos. El kit entregado contiene información y análisis técnico elaborado por las organizaciones y sectores que hacen parte de la Mesa Multisectorial NO al Acuerdo Argentina-EEUU como así mismo una insignia física del «Escudo», que simboliza la protección activa de la salud pública de la ciudadanía, acompañada de una carta institucional que fundamenta la urgencia de nuestro pedido. 

A través del lanzamiento de la Campaña Nacional “Un Escudo para la Salud”, la organización advirtió que el acuerdo comercial impone estándares de propiedad intelectual que van más allá de los compromisos asumidos por nuestro país en el marco multilateral de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estas cláusulas ADPIC Plus obligan a la modificación de leyes nacionales en áreas críticas para priorizar la rentabilidad de corporaciones transnacionales, lo que representa una vulneración directa del derecho constitucional a la salud. Además, advirtió que el impacto va mucho más allá: las cláusulas del acuerdo afectan de manera crítica la privacidad y la protección de los datos personales y biológicos de los ciudadanos, y avanzan peligrosamente sobre el sector agrícola, restringiendo los derechos históricos de los productores sobre el uso de semillas y variedades vegetales.

El Acuerdo ARTI: Una hoja de ruta diseñada por Trump para hacer negocios con la Salud de los argentinos y argentinas. 

El Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) es un Acuerdo comercial enfocado en elevar los estándares de propiedad intelectual (los denominados niveles «ADPIC-Plus») en beneficio de las corporaciones transnacionales. Su implementación práctica exige que el país desmantele definitivamente sus mecanismos soberanos de regulación y concesión de patentes farmacéuticas.

«Este acuerdo es una hoja de ruta dictaminada por EE.UU. y exige a la Argentina que subordine las políticas de salud colectiva a las reglas comerciales del mercado eliminando las herramientas con las que protegemos el derecho a los medicamentos«, señaló Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de la Fundación GEP. «No es una simple desregulación arancelaria; es un cepo normativo que prioriza la rentabilidad corporativa por encima del derecho a la Salud y el bienestar general. Focalizamos nuestras alarmas en el acceso a los medicamentos, pero aprobarlo significa desmantelar los resortes con los que el país protege su ciencia, su producción y a su gente».

El Acuerdo ARTI vino a exigir y consolidar el desmantelamiento de políticas públicas sanitarias clave. Por ejemplo, exigen la derogación de las Guías de Patentabilidad argentinas del año 2012. El Poder Ejecutivo ya inició esta derogación en el plano administrativo mediante la Resolución Conjunta N.º 1/2026, una medida que avanza a contramano de la Justicia. En octubre de 2025, el Poder Judicial había ratificado la plena validez de las Guías tras 14 años de litigio de la cámara de empresas multinacionales (CAEMe) contra el Estado Nacional, confirmando su total sintonía con los acuerdos internacionales. Dichas guías funcionaban como una barrera técnica infranqueable contra el fraude del evergreening —la estrategia de las farmacéuticas transnacionales para estirar sus patentes más allá de los 20 años que exige la Ley 24481- mediante cambios cosméticos e insignificantes en compuestos existentes para bloquear la competencia de versiones genéricas y elevar los precios de medicamentos esenciales. 

El rechazo sistemático a estas patentes abusivas y monopolios artificiales bajo ese marco regulatorio había generado un ahorro histórico consolidado para el Estado argentino. Por ejemplo: en el presupuesto de medicamentos de la Dirección de VIH, el Observatorio de Acceso a la salud de la Fundación GEP registró ahorros de 630 millones de dólares entre los años 2017 y 2023 en la compra de versiones genéricas de solo 4 medicamentos. 

Las exigencias del acuerdo implicarán una enorme transferencia de recursos del sector público y de los bolsillos de las familias hacia las ganancias de las corporaciones transnacionales de origen estadounidense. 

En concreto: cómo afecta este cambio al acceso a la salud

El impacto de este acuerdo se traduce en un perjuicio directo para el bolsillo de los argentinos y el presupuesto de todos los subsistemas de salud: sector público, obras sociales y prepagas. 

Con el nuevo escenario normativo, perdemos estas salvaguardas de salud pública que funcionaban como “escudo” frente al abuso de las corporaciones transnacionales, desatando la proliferación descontrolada de monopolios farmacéuticos artificiales y el bloqueo sistemático al acceso a medicamentos genéricos de calidad a precios asequibles. Según auditorías internacionales de compras públicas y los reportes de costos de producción de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las cifras reflejan el abismo económico entre un sistema con competencia y uno monopólico:

  • Tratamiento base para el VIH (TDF+Lamivudina+Dolutegravir): Mientras que en su versión genérica la Argentina pagó un precio de USD 61 anuales por persona, bajo condiciones de monopolio como las de la Comunidad Europea (donde la combinación está patentada) el valor asciende a USD 14.616 por persona al año.
  • Medicamento para la Hepatitis C: El tratamiento de 12 semanas en su versión genérica local tiene un precio de USD 199. En contraste, el valor comercial de la marca corporativa durante su lanzamiento en el mercado estadounidense —donde rige el monopolio de la patente— se comercializó a USD 84.000. -Dato de color: La Universidad de Liverpool estima que el costo de producción real del tratamiento de sofosbuvir de 12 semanas es de apenas USD 28 (1)-.

La historia de Carlos: cuando el genérico salva una vida

Estas brechas presupuestarias no son meras abstracciones macroeconómicas; definen la supervivencia diaria de las familias argentinas. Es el caso de “Carlos” (2), un trabajador de 54 años de la provincia de Buenos Aires diagnosticado con Hepatitis C. Sin cobertura médica privada ni ahorros extraordinarios, la única opción de Carlos para seguir viviendo dependía de un tratamiento cuyo valor monopólico equivalía a varios años de los ingresos totales de su hogar.

Fue gracias a la competencia de los laboratorios de origen nacional y a la vigencia histórica del escudo sanitario que el sistema público de salud pudo proveer a Carlos una versión genérica local a una fracción mínima de ese costo, permitiéndole curarse por completo sin caer en la quiebra financiera ni hipotecar el futuro de su familia. Historias de vida como la de Carlos se repetirían para favorecer las ganancias del poder corporativo.

El debate se traslada al recinto: depende de los Diputados

El avasallamiento normativo se da en un contexto de profunda preocupación en el Congreso. Tras el reciente dictamen de mayoría de las comisiones para adherir también al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) el debate central se traslada de forma definitiva al recinto de la Cámara Baja.

La viabilidad del sistema de Salud pública, la sustentabilidad económica de las obras sociales y la protección de todo el ecosistema productivo nacional dependen ahora de la responsabilidad institucional de los diputados y diputadas, quienes tienen hoy en sus bancas la decisión soberana de votar rechazando el ARTI y transformarse en un auténtico escudo en defensa de la patria.

#UnEscudoparalaSalud




 

  1. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7646676/
  2.  «Carlos» es un seudónimo legal que se usa en comunicación para proteger la identidad real de la persona, tal como exige la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326). Sin embargo, el caso real detrás de esa historia (el conflicto por las patentes del Sofosbuvir en Argentina y cómo los pacientes locales se quedaban sin tratamiento por el precio de 84.000 dólares) está completamente documentado en notas de prensa e informes judiciales: https://www.fgep.org/hepatitis-c-el-inpi-argentino-rechazo-una-patente-clave-sobre-sofosbuvir/