Buenos Aires, 15 de mayo de 2026. — Ayer se realizó en el anexo de la Cámara de Diputados la jornada informativa sobre el «Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca» (ARTI) con Estados Unidos, convocada por el diputado Esteban Paulón. Organizaciones de la sociedad civil integrantes de la Mesa Multisectorial No Al Acuerdo Argentina-EEUU advirtieron que este pacto y el reciente dictamen de comisiones para adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) constituyen una hoja de ruta inconstitucional que cede soberanía nacional y amenaza de forma crítica la salud, la economía, el ambiente y la privacidad de los ciudadanos.
El ARTI es un tratado bilateral firmado en febrero de 2026 que impone exigencias de propiedad intelectual conocidas como medidas «ADPIC-Plus». Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP y Coordinadora Regional de la RedLAM (Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos,), afirmó que el acuerdo responde a una agenda corporativa que EE.UU. busca imponer en la región: «La narrativa de la agilidad comercial, de lo ‘rápido’ en este contexto es, en realidad, una trampa administrativa que pone en riesgo la seguridad jurídica, y amenaza con bloquear el acceso a medicamentos en Argentina. Cuando el acuerdo habla de ‘eficiencia’ o ‘reducción de tiempos’, lo que busca es imponer una presunción de validez de las patentes extranjeras lo que se traduce en un monopolio de explotación. Bajo este esquema, los precios de los medicamentos suben debido a que, al ser productos únicos en el mercado, no tienen competencia».
Mariela Bacigalupo, de la Fundación GEP, detalló el fuerte impacto económico que implica desmantelar las guías de patentabilidad como salvaguardas de la Salud. Citó estudios de impacto que demostraron que, la extensión del plazo de patentes y exclusividad de datos de prueba utilizados para registrar un medicamento para su comercialización (ambas medidas incluidas en el Acuerdo), el Ministerio de Salud pagaría un 50% más en medicamentos para VIH y Hepatitis C en un solo año. «Las multinacionales rechazan las guías de patentabilidad argentinas porque han demostrado ser efectivas para evitar el otorgamiento de patentes de baja calidad, con lo que la industria nacional pudo desarrollarse asegurando además el trabajo y la producción local», afirmó. Destacó que el examen riguroso del INPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) bajo las directrices de patentes farmacéuticas permitió el rechazo del 90% de las solicitudes presentadas entre 2012 y 2022 ante la Oficina de Patentes argentina. Por otro lado destacó el trabajo que viene desarrollando Fundación GEP en materia de oposiciones a patentes (conforme el art. 28 de la ley 24.481), que al contribuir con el examen de las solicitudes permitió un ahorro acumulado de 596 millones de dólares en sólo 4 medicamentos para VIH y Hepatitis C en la última década. Respecto al PCT, subrayó: «En 2025, EE.UU. presentó 52.617 solicitudes frente a sólo 619 de Brasil. El PCT es una arquitectura al servicio de las multinacionales; no permitamos que conviertan la salud en un bien de lujo».
Por su parte, Nancy Guerrero, Directora Regional de Médicos sin Fronteras (MSF- LAT), señaló que Argentina es reconocida internacionalmente por su rigor compatible con el acuerdo ADPIC (OMC) y que preservar ese equilibrio es vital para el abastecimiento de medicamentos y vacunas no solo a nivel nacional sino también regional.
Asimismo, Paula Litvachky, Directora Ejecutiva del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), alertó sobre el peligro que corren los datos personales de la población argentina bajo el marco regulatorio incluido en el Acuerdo con EEUU ya que el Estado argentino se compromete a transferir datos e información personal de la población de nuestro país a EE.UU. como si fueran meras mercancías.
Además de los expositores mencionados, participaron de la reunión Mariano Novas (Observatorio del RIGI), Leandro Hernán Gómez (de FARN), Claudio Angeleri y Andrés Domínguez (Federación Agraria Argentina) y Luciana Ghiotto (Conicet y Transnational Institute), entre otros, ante la asistencia de asesores de diputados de diversos sectores.
El diputado Esteban Paulón luego de agradecer a los y las expositores concluyó: «La búsqueda de mejoras económicas no debe justificar una entrega de soberanía. Este acuerdo hoy nos presenta más dudas que certezas; no se termina de conocer su contenido y el proceso de su firma ha tenido muy poco trabajo».
Tras haber obtenido dictamen en comisiones, el trámite parlamentario del PCT continuará con el debate en el recinto de la Cámara de Diputados, donde las organizaciones exigirán el rechazo total de este ecosistema normativo gerenciado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Finalmente, respecto al acuerdo, cabe recordar que el Gobierno firmó el ARTI en febrero de 2026, y ahora la llave para que sea aprobado o no la tiene la Cámara de Diputados. Según la Constitución Nacional, todo Tratado internacional debe ser aprobado por el Congreso para tener validez legal.
La llave la tienen hoy los legisladores, quienes deben decidir si priorizan los intereses comerciales de las grandes compañías multinacionales o el derecho constitucional a la Salud de la población.
