Argentina: Fundación GEP solicita a los Diputados rechacen el PCT

El Tratado de Cooperación de Patentes -PCT- atenta contra la Salud Pública y la industria nacional. Solicitamos su rechazo

Desde la Fundación GEP hacemos un llamado a los Diputados y Diputadas de la Nación a rechazar el Tratado de Cooperación de Patentes  (PCT por sus siglas en inglés: Patent Cooperation Treaty) que el Gobierno pretende aprobar y alertamos sobre los efectos del mismo en la Salud pública de nuestro país ya que generará precios exorbitantes sobre los medicamentos esenciales y otras tecnologías sanitarias que salvan vidas. 

Argentina viene rechazando la adhesión al PCT desde la década de 1970 como una política de Estado para proteger la industria nacional y el derecho a la salud de los y las argentinas. El gobierno de Javier Milei pretende que  este tratado sea aprobado entre gallos y medianoche, ya que su aprobación fue un compromiso tomado en el marco del “Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos” (Art. 1.9 del Anexo 3 “Specific Commitments”) firmado por Milei y el Presidente de Estados Unidos de América Donald Trump, pero que no se ha sometido a consideración del Congreso Nacional, como corresponde según la normativa vigente.  

El PCT es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Es un sistema internacional que permite solicitar protección por patente para una invención en todos los países que adhieren al tratado simultáneamente mediante una única «solicitud internacional». Esto que es presentado como una facilidad administrativa, significa socavar los estándares de patentabilidad de nuestro país, que han sido modelo en el mundo.  Es necesario precisar el mecanismo por el cual esto ocurre: en el marco del PCT, la OMPI emite un examen preliminar internacional que, si bien formalmente no es vinculante, en la práctica opera como una validación técnica que condiciona fuertemente las decisiones de la Oficina de Patentes -INPI-. Cuando ese informe internacional concluye que una solicitud cumple con los requisitos para obtener una patente, la presión sobre el examinador nacional para otorgar la patente se vuelve considerablemente mayor, aun cuando esa solicitud no cumpla con los estándares que adoptó Argentina como parte de la Organización Mundial del Comercio -OMC-. 

Recientemente la resolución conjunta que establece criterios rigurosos para el examen de patentes químico farmacéuticas -Guías de Patentabilidad– fue derogada a pedido de las corporaciones multinacionales. La firma del PCT implicaría no poder volver atrás con estos estándares, y generar un  contexto propicio para las empresas extranjeras, principalmente de nacionalidad estadounidense, europea, japonesa entre otras, en detrimento de los productores nacionales de medicamentos quienes ante el aumento de patentes extranjeras se verían impedidos de abastecer el mercado interno con productos nacionales de calidad y a precios más asequibles. Como resultado de este contexto que sería generado por el PCT los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a la Salud y al Acceso a Medicamentos se vería afectado gravemente. 

¿A quienes ha beneficiado el PCT desde su implementación?

Es importante destacar que como ha quedado demostrado desde la entrada en vigor del PCT en distintos países el efecto más visible ha sido la consolidación de empresas farmacéuticas multinacionales en los mercados nacionales, que son las que mayormente entran al mercado con nuevas tecnologías y son las que obtienen los mayores beneficios del sistema de patentes. Como indican las estadísticas de la OMPI por ejemplo, países como Brasil , México y Chile en la región han hecho escaso uso del PCT en comparación con la cantidad de patentes que China, Estados Unidos,  Japón, Corea del Sur y  Alemania han presentado haciendo uso de las “facilidades” que ofrece el Tratado.

El resultado directo es el otorgamiento de patentes que no deberían existir, la exclusión de los medicamentos genéricos del mercado y la consolidación de monopolios que fijarán precios extorsivos sobre el sistema público de salud y sobre toda la ciudadanía.

El PCT producirá la extensión del plazo de las patentes farmacéuticas:

De conformidad con el ADPIC, Argentina debe reconocer patentes por 20 años, durante los cuales sólo el titular de la patente puede producir, comercializar o importar productos bajo esa patente. El PCT aumentaría el plazo de protección adicionado un (1) año y medio más atento dispone que los solicitantes de patentes gozan de un plazo mayor para presentar sus solicitudes en los distintos países (30 meses después de la presentación internacional). 

Cambio en las reglas de juego 

Desde Fundación GEP alertamos que la intención de entrada al PCT debe ser leída en clave de soberanía. El Acuerdo firmado por Javier Milei y Donald Trump a espaldas del pueblo argentino, intenta cambiar de manera rotunda el sistema de patentes, en algunos casos con efecto retroactivo lo que ameritará el retiro de versiones genéricas que ya se encuentran comercializadas en el mercado local. La derogación de las guías de patentabilidad (que ponían un freno a los abusos del sistema de patentes y balanceaban el derecho de propiedad con la salud pública) sumado a la adhesión al PCT (que traerá aparejado la presentación de miles de solicitudes de patentes extranjeras de baja calidad, que no deberían existir), como así también la adhesión al Tratado de Derecho de Patentes (TLP- OMPI) que fija estándares mucho más flexibles que los que Argentina supo defender como una cuestión de Estado por más de 14 años. Todo ello, sumado a otras medidas que obran en el Acuerdo con EEUU, como la extensión del plazo de patentes, la necesidad de un examen acelerado, y la creación de un sistema de exclusividad sobre los datos de ensayos clínicos -necesarios para registrar un medicamento ante ANMAT-, producen un giro de 180 grados en las reglas del juego, lo que afectará sensiblemente el acceso a los medicamentos y tendrá un impacto devastador sobre la industria nacional de producción de medicamentos tanto del sector público como el privado, creando una presión insoportable sobre los presupuestos para la provisión de medicamentos -públicos, de obras sociales, de empresas de medicina prepaga y para el gasto de bolsillo- e implicará que miles de compatriotas no podrán acceder a los medicamentos que necesitan. 

Los medicamentos son bienes públicos, no son mercancías. El PCT debe ser rechazado porque no trae ningún beneficio para el pueblo argentino.