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Patentes y propiedad intelectual

El Senado votó la adhesión al Tratado de Patentes (PCT): un retroceso histórico para la soberanía y la salud en Argentina

3 min de lecturaPor Fundación GEP

Con 47 votos, el Senado de la Nación aprobó anoche la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Esta medida representa un retroceso histórico para la salud pública, la ciencia argentina y la industria nacional, abriendo de par en par las puertas a nuevos monopolios de las grandes multinacionales extranjeras y poniendo en riesgo el acceso a los medicamentos y vacunas para toda la población.

El impulso del PCT responde directamente a presiones políticas que se convirtieron en compromisos asumidos por el Gobierno nacional con los Estados Unidos en el marco del acuerdo bilateral de comercio e inversión (ARTI). La decisión rompe con una política de Estado soberana que, durante más de 14 años, defendió los estándares de patentabilidad locales para proteger la producción de medicamentos genéricos y sostener la viabilidad del sistema de salud. Paradójicamente, aunque el oficialismo impulsa este tratado como una concesión geopolítica hacia Washington, la apertura irrestricta del sistema de patentes le entrega también una autopista directa a China —hoy el mayor generador mundial de solicitudes internacionales vía PCT, con el 26,7% del total global— para inundar el mercado local con monopolios farmacéuticos y biotecnológicos.

“La adhesión al PCT implica abrir una compuerta para que ingresen de golpe decenas de miles de solicitudes de patentes de las grandes potencias, saturando al organismo local y destruyendo los mecanismos que antes frenaban los monopolios abusivos sobre los medicamentos. En pocos años nos vamos a llenar de patentes extranjeras sobre tecnologías sanitarias sin innovación real, bloqueando la producción nacional de genéricos y encareciendo los remedios. Aprobar este tratado significa romper el escudo que protegía la salud de la población y dejarla subordinada a un negocio financiero multinacional”, advirtió Lorena Di Giano, directora ejecutiva de Fundación GEP, abogada especialista en propiedad intelectual y coordinadora de RedLAM.

El impacto económico sobre el bolsillo de la ciudadanía y los presupuestos de salud de todos los subsistemas es contundente. La experiencia de la región así lo demuestra: en el caso del Dolutegravir —uno de los medicamentos más utilizados para tratar el VIH—, mientras que en Argentina el acceso a versiones genéricas permitió acceder al tratamiento por USD 358,85 anuales, en países adheridos al PCT como Brasil, el precio bajo patente extranjera escala a USD 2.823,11, casi ocho veces más caro.

Por su parte, Mariela Bacigalupo, integrante de la Fundación GEP, sostuvo: “Con esta aprobación, el Estado abandona su rol de proteger la salud pública y le entrega las llaves del mercado a los monopolios. Los medicamentos no son mercancías para especular; son bienes sociales indispensables para la vida. El PCT no trae innovación ni inversiones para nuestras pymes o científicos, solo garantiza precios inalcanzables para las familias y el sistema de salud”.

Fundación GEP subraya la contradicción de adoptar tratados de esta índole que, lejos de beneficiar la innovación local, imponen una vía rápida para la saturación de solicitudes extranjeras en un organismo local (INPI) golpeado y sin capacidad de examen, facilitando el evergreening (la práctica abusiva de extender monopolios mediante pequeñas modificaciones sin altura inventiva sobre medicamentos que ya existen).

Asimismo, alerta que esta medida se enmarca en las exigencias del acuerdo ARTI con los Estados Unidos, cuyas cláusulas comprometen la autonomía y soberanía nacional. En este sentido, la Argentina no debe adherir al ARTI, un Acuerdo que subordina las políticas públicas, la salud y la economía del país a agendas comerciales externas.

A través de la campaña Un Escudo para la Salud, la Fundación GEP reafirma su compromiso inquebrantable de seguir resistiendo, denunciando cada embestida contra la soberanía sanitaria y defendiendo el derecho humano y fundamental al acceso libre y justo a los medicamentos.

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