Encuentro Nacional de Salud: Fundación GEP alertó que el Tratado de Patentes (PCT) busca subordinar la salud pública a las corporaciones
Comunicado de prensa
En el marco del Encuentro Nacional de Salud, llevado a cabo los días 30 y 31 de octubre en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) bajo el lema “La salud: derecho de los pueblos y deber de Estado”, la Fundación GEP (Grupo Efecto Positivo) participó activamente en los debates que reunieron a más de 500 profesionales, trabajadores de la salud, científicos y referentes de todo el país.
La Fundación tuvo una participación central a través de dos espacios clave de debate y articulación. Por un lado, formó parte del taller “Soberanía sanitaria y acceso a los medicamentos, producción pública y local, patentes, propiedad intelectual y desafíos bioéticos, mercado farmacéutico”, coordinado colectivamente junto a la Federación Profesional de la Salud (Fesprosa), la Red de Medicamentos de ALAMES y la Sociedad de Bioética y Derechos Humanos. Por otro lado, la directora ejecutiva de Fundación GEP, Lorena Di Giano, coordinó la mesa plenaria “La crisis sanitaria, indicadores y resistencias”.
Durante las exposiciones, la directora ejecutiva Lorena Di Giano, la especialista Mariela Bacigalupo y el activista José María Di Bello —integrantes de Fundación GEP— advirtieron sobre los graves riesgos que implica el posible avance del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y del acuerdo ARTI. Este último busca multiplicar los monopolios, flexibilizar los controles y estándares locales, en el marco del alineamiento del Gobierno nacional con la política de Donald Trump.
En su intervención, Lorena Di Giano denunció la hoja de ruta desreguladora sobre el sector: “Si se aprueba el PCT, la oficina de patentes se va a inundar de solicitudes sin capacidad para procesarlas, mientras se desfinancia el sistema científico nacional. Esta entrega de soberanía implica precios excesivamente altos para los medicamentos”.
Por su parte, Mariela Bacigalupo sintetizó el impacto económico del tratado: “La contracara es clara: por no estar en el PCT y tener estándares propios, Argentina paga 358 dólares por el tratamiento más utilizado para tratar el VIH, mientras que Brasil, que sí está en el PCT y otorgó varias patentes, paga 2823 dólares. Les llevamos estos datos a los senadores”.
Por su parte, José María Di Bello, remarcó: “Las comparativas de precios que realizamos desde nuestro Observatorio demuestran de forma contundente que evitar monopolios farmacéuticos genera ahorros millonarios para el sistema público de salud. Mantenernos por fuera del PCT y rechazar solicitudes de patentes ilegítimas es lo que permite que todos los subsistemas de salud incluido el público acceda a versiones genéricas a una fracción del precio de los medicamentos patentados. Defender los medicamentos como un bien social no es un debate teórico: es la diferencia concreta entre garantizar tratamientos o interrumpirlos por falta de presupuesto”.
En este escenario, la Fundación GEP compartió la campaña #UnEscudoParaLaSalud, una iniciativa que busca visibilizar los peligros que representan el PCT y el acuerdo ARTI para el país, reafirmando que el acceso a la salud y a los medicamentos son un derecho irrenunciable del pueblo argentino.
