La gestión del gobierno nacional, bajo el mantra del equilibrio fiscal, ejecuta un ajuste inhumano y brutal sobre las distintas políticas públicas y funciones estatales que ponen en riesgo la salud de la población.

En esta oportunidad, el recorte alcanza al Programa Nacional de Acceso a Medicamentos para el Abordaje de Patologías Crónicas Prevalentes, más conocido como REMEDIAR. Creado en 2002 y consolidado a partir de 2003, en un contexto de crisis social y económica que había dejado a más del 50% de la población en la pobreza y a más del 20% sin empleo. Este programa permitió que alrededor de 19 millones de personas accedieran de manera oportuna a medicamentos esenciales.

Desde sus inicios, el Remediar fue concebido para garantizar el acceso a medicamentos esenciales mediante compras centralizadas por parte del Ministerio de Salud de la Nación y su distribución en todo el territorio. Con el tiempo, amplió su alcance y cobertura, abasteciendo botiquines con tratamientos para hipertensión arterial, colesterol, diabetes, anticoncepción y otras patologías prevalentes.

Estos botiquines eran enviados a centros de salud -efectores del primer nivel de atención del sistema de salud en todo el país-, permitiendo desplegar una política integral de acceso a medicamentos basada en los principios de equidad y justicia: en las salitas de cada barrio y cada pueblo estaban disponibles para todos, los medicamentos que salvan vidas. Gracias a ello, millones de personas pudieron sostener tratamientos para enfermedades crónicas que, de otro modo, habrían quedado sin abordar, con el consecuente deterioro de su calidad de vida y mayores riesgos de complicaciones.

En sus primeros veinte años de funcionamiento, el programa distribuyó 4.304.785 botiquines y 684.762.380 tratamientos, lo que representó una transferencia a las jurisdicciones de más de 84,9 mil millones de pesos y un ahorro para el Estado Nacional del 85,8% respecto del precio de venta al público (Ministerio de Salud, 2022).

El Remediar se consolidó como una verdadera política de Estado y, pese a los cambios de gobierno, logró sostenerse en el tiempo. Sin embargo, esta continuidad se interrumpió tras la asunción del actual gobierno en diciembre de 2023.

Desde la asunción de Javier Milei el ajuste en salud se vio teñido por los escándalos en los manejos de los recursos: el caso de la  Agencia nacional de Discapacidad (ANDIS) y las coimas, los muertos del fentanilo y las miles de personas que vieron vulnerados sus derechos en el acceso a la salud por una deficiente y cínica gestión de la política de medicamentos.

En el caso del Remediar, el vaciamiento fue progresivo pero sistemático: en 2024 se distribuyeron un 46% menos de botiquines que en 2023 – de 258.653 botiquines a 137.792-, profundizando el recorte durante 2025 hasta culminar en su cierre el 1º de abril de 2026.

El impacto de esta decisión es, sencillamente, devastador. Se estima que el programa garantizaba el acceso a medicamentos a cerca de 19 millones de personas que dependen del sistema público de salud.  Su eliminación no sólo debilita la capacidad de respuesta del primer nivel de atención, sino que traslada el problema a las provincias y, en última instancia, a los propios pacientes.

Las consecuencias serán inmediatas y profundamente desiguales: provincias desfinanciadas deberán intentar cubrir lo que el Estado nacional abandona a un mayor precio ya que las compras centralizadas aseguran precios más asequibles por cantidad, mientras millones de personas quedarán libradas a su suerte o forzadas a afrontar costos exorbitantes de su propio bolsillo. Un escenario tan injusto como ineficiente.

Las diferencias de precios entre el precio unitario de compra pública y precio de venta al público son elocuentes y obscenas:

En un contexto de caída sostenida del poder adquisitivo, muchas familias deberán afrontar de su bolsillo costos que hasta ahora estaban cubiertos. La diferencia de precios entre la compra pública y la venta al público —que en algunos casos supera el 900%— da cuenta de la magnitud del problema. Lo que se presenta como un ahorro fiscal puede traducirse, en la práctica, en un gasto mucho mayor para la sociedad.

El cierre del Remediar no es una medida aislada, sino parte de una orientación que redefine el rol del Estado en áreas sensibles. La discusión de fondo no es únicamente presupuestaria: es también sanitaria y social.

Reducir el acceso a medicamentos esenciales en un escenario de creciente vulnerabilidad es una decisión con consecuencias concretas, previsibles y profundamente desiguales.

NO AL CIERRE DEL REMEDIAR