En un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria del Senado, el oficialismo emitió dictamen para habilitar el tratamiento en el recinto la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés). La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, representa un retroceso profundo para la soberanía nacional y la salud pública.
Durante la jornada, las organizaciones de la sociedad civil como la Fundación GEP, la Red Latinoamericana de Acceso a Medicamentos (RedLAM), la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores en Salud (RAIIS) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras, expusieron ante los senadores para advertir sobre los severos riesgos del proyecto. Hasta el momento, las voces de la sociedad civil, los especialistas en salud pública y las organizaciones de personas que necesitan medicamentos no habían sido escuchadas en el debate legislativo, dominado por las presiones corporativas.
El impulso del PCT responde a los compromisos asumidos por el Gobierno nacional con los Estados Unidos en el marco del acuerdo comercial ARTI, significando un peligroso giro respecto a la política de Estado que, durante más de 14 años, defendió los estándares nacionales de patentabilidad para proteger la ciencia, la industria local y la salud de la población.
“Aprobar el PCT implica entregar nuestra soberanía sanitaria. Este tratado funciona como una autopista para la proliferación de patentes sin calidad inventiva, facilitando el evergreening: la trampa corporativa de patentar simples modificaciones para perpetuar monopolios y bloquear la producción de medicamentos genéricos locales”, advirtió Lorena Di Giano, representante de la RAIIS y coordinadora RedLAM.
El impacto económico sobre el sistema de salud y el bolsillo de los ciudadanos es contundente. Un caso paradigmático es el Dolutegravir, insumo clave para el tratamiento del VIH: mientras que en Argentina —sin PCT y con producción genérica local— el tratamiento anual cuesta USD 358,85, en países de la región que adhirieron al tratado, como Brasil, el costo bajo patente extranjera escala a USD 2.823,11, lo que representa un aumento de casi ocho veces.
Por su parte, Mariela Bacigalupo, integrante de Fundación GEP, destacó: “Los medicamentos son bienes sociales, no simples mercancías. La arquitectura del PCT no sirve para las personas que necesitamos medicamentos, ni para los emprendedores ni científicos, es una arquitectura al servicio de las corporaciones farmacéuticas”.
Durante el plenario, para defender la adhesión al PCT, la senadora Patricia Bullrich expuso un listado de precios comparativos entre la Argentina y Francia —que incluyó fármacos de consumo masivo como Levotiroxina, Metformina y Pregabalina, ninguno con patente vigente en ninguno de los dos países, dando a entender que son más baratos en Francia— sin aportar ninguna fuente oficial que respalde los datos. Desde las organizaciones se advirtió la profunda contradicción de este argumento: mientras el actual modelo económico local promueve la desregulación absoluta y la retirada del Estado, se toma paradójicamente como espejo a Francia, un país que aplica un riguroso sistema de control estatal y negociación de precios de medicamentos para proteger a sus ciudadanos, dejando en evidencia un doble estándar que busca camuflar el verdadero impacto monopólico del tratado.
En representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales trajo a debate los estándares internacionales sobre salud y ponderó que el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud ha sostenido históricamente que el acceso a los medicamentos es un componente fundamental e inseparable del derecho a la salud.
Finalmente, la politóloga e investigadora del CONICET y del Transnational Institute, Luciana Ghiotto advirtió sobre el impacto negativo que la aprobación del tratado podría tener sobre la soberanía sanitaria del país. “El PCT se inscribe como uno de los pedidos comprometidos en el ARTI, un acuerdo con Estados Unidos que, al día de hoy, no está disponible en español”.
Frente a esta amenaza, la Fundación GEP, a través de su campaña Un Escudo para la Salud, reafirma su compromiso de denunciar todo intento de vulnerar la soberanía sanitaria y de exigir políticas públicas que garanticen el acceso a los medicamentos y la producción nacional. La defensa de la salud pública, la ciencia argentina y la educación constituye una obligación democrática frente a iniciativas que supeditan los intereses colectivos a agendas corporativas. Por ello, la organización reclamó a las senadoras y los senadores el rechazo definitivo a la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), exhortándolos a actuar con la responsabilidad histórica que exige la protección del derecho a la salud en Argentina.
