Menos Medicamentos, Más Monopolios: El Acuerdo con EE.UU. Atenta Contra la Salud Pública
Desde la Fundación GEP denunciamos que el marco negociado por Javier Milei y Donald Trump para un “Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos” contiene entre sus elementos clave puntos que dañan profundamente el sistema de Salud pública de nuestro país.
La aceptación por parte del Estado argentino de las aprobaciones emitidas por la Food and Drug Administration (FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) para dispositivos médicos y productos farmacéuticos, sin la necesaria intervención de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), no constituye únicamente una afrenta a la soberanía regulatoria nacional y a nuestro marco normativo sanitario. Esta medida implica una delegación de funciones críticas en materia de evaluación, control y autorización de tecnologías sanitarias, lo que pone en riesgo directo la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que circulan en el país.
El llamado “compromiso de abordar los desafíos estructurales” en materia de propiedad intelectual, tal como lo plantea el gobierno de Estados Unidos, no es más que una exigencia de alineamiento legislativo con los intereses de las corporaciones farmacéuticas multinacionales de origen estadounidense. Bajo el eufemismo de “armonización normativa”, se busca erosionar los criterios de patentabilidad vigentes en Argentina, que han sido reconocidos internacionalmente por su rigor técnico y su compromiso con el acceso a la salud.
Nuestro país ha desarrollado estándares de evaluación para productos químico-farmacéuticos que exigen el cumplimiento efectivo de los requisitos de actividad inventiva, novedad y aplicación industrial. Estos criterios no solo han impedido la concesión de patentes injustificadas —que en muchos casos responden a estrategias de “evergreening” o extensión o perpetuidad de monopolios— sino que han generado ahorros multimillonarios para el sistema público de Salud. Tal es el caso por ejemplo del esquema antirretroviral Emtricitabina + Tenofovir, utilizado para el tratamiento del VIH, cuya no patentabilidad permitió un ahorro de USD 394.029.145 en los últimos ocho años, el precio con patente era de U$S 8,14 el comprimido y ahora en Argentina gracias a que no tiene patente lo compramos por U$S 0,17 y del medicamento Sofosbuvir, para la hepatitis C, con un ahorro estimado de USD 20.142.243. Cuyo precio patentado era de U$S 75,58 por comprimido y en Argentina ahora lo pagamos U$S 4,34
Ceder ante las presiones para eliminar estos criterios implicaría desmantelar una herramienta clave de defensa sanitaria, jurídica y económica. No se trata solo de una disputa técnica: está en juego la capacidad del Estado argentino de proteger la vida y la Salud de su población frente a los intereses del capital transnacional. Defender nuestros estándares de patentabilidad es defender la soberanía, la equidad y el derecho colectivo a los medicamentos esenciales.
Es de destacar también que estas guías fueron atacadas judicialmente por la Cámara de Especialidades Medicinales -CAEME-, cámara que aglutina a las multinacionales farmacéuticas, y que el Estado, a través de gobiernos de distinto signo político ha defendido las guías. Este acuerdo, que de recíproco no tiene nada, legitima un reclamo que no pudieron lograr en el sistema argentino, además que condicionarán la producción local, tanto pública como privada, redundando en precios excesivamente altos y por ende menos acceso.
El Marco para el Acuerdo está hecho a la medida de Estados Unidos y sus intereses; el gobierno de Javier Milei pretende convertir a la Argentina en una colonia donde el acceso a medicamentos y la salud de las personas esté gobernada por un puñado de empresas multinacionales.
Patentes de medicamentos: la eficacia de las guías de patentabilidad para el acceso a tecnologías sanitarias:
https://www.fgep.org/wp-content/uploads/2025/09/NOTA-1.docx-2.pdf
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