Desde Fundación GEP, manifestamos nuestra profunda preocupación por la demora en el tratamiento del Proyecto de Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis. Las organizaciones que conformamos el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH ingresamos el proyecto al Congreso por tercera vez el año pasado. Si no se trata de manera urgente, perderá estado parlamentario nuevamente. 

La situación es grave: de no tratarse en el recinto, el proyecto de ley formulado conjuntamente por las organizaciones y las redes de personas con VIH y Hepatitis Virales, el MInisterio de Salud y las sociedades académicas y científicas, creado colectivamente desde una perspectiva interseccional, de derechos humanos y diversa, a partir de las demandas de las personas con VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS, puede ser letra muerta. 

Es un proyecto que tiene un abordaje integral desde un enfoque de Derechos Humanos, teniendo en cuenta los determinantes sociales de la salud, muy superador al enfoque biomédico de la ley 23.798, Ley de Lucha contra el sida; que ya cumplió treinta años, y es garantía de ampliación y acceso a derechos que ya fueron conquistados con años de lucha y organización colectiva; de inclusión para todas aquellas personas que viven día a día con estigma y discriminación.

“Desde la primera vez que presentamos el proyecto hasta ahora, murieron entre 8 mil y 10 mil personas por enfermedades vinculadas al VIH y al sida. Cuando decimos que no hay más tiempo, es porque nos estamos muriendo”, reclamó José María Di Bello, Presidente de Fundación GEP y enfatizó en que actualmente es posible tener una buena calidad de vida, viviendo con VIH. “Sin embargo, las personas que mueren por causas relacionadas con el VIH están atravesadas por la pobreza, la discriminación y la exclusión social y laboral”, lamentó.

Hace dos semanas, el proyecto que ingresó al Congreso de la Nación bajo el número  5040-D-2020 se debatió con los asesores y asesoras de la Comisión de Salud y Acción Social. Pero si no se trata de manera urgente en las tres comisiones a las que tiene giro y no se logra un dictamen y llega al recinto, el trabajo coordinado entre organizaciones de la sociedad civil para actualizar los derechos de la antigua ley de sida puede perderse. 

“Nos parece muy importante que después de 30 años se actualice esta ley. Hay que emprender nuevos desafíos, avanzar en la respuesta integral y redoblar compromisos para trabajar en derechos humanos en contra de la discriminación, con perspectiva de géneros y los derechos laborales”, había dicho Carla Vizzotti, Ministra de Salud de la Nación, en octubre del año pasado, durante la presentación. 

Además, la Directora de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI, Ornella Infante, saludó el pronto tratamiento y la aprobación de la Ley que determina  la creación de un Observatorio Nacional contra el Estigma y la Discriminación dentro del Instituto Nacional contra la Discriminación. 

La nueva ley de VIH viene a subsanar una demanda histórica: incluye a las 224 mil personas que viven con hepatitis C en Argentina, a las 10 mil personas que todos los años son diagnosticadas con tuberculosis, a las 136 mil personas con VIH, a las mujeres, a personas con capacidad de gestar y a aquellas que nacieron con transmisión vertical. 

“En el 2021, vamos a celebrar la aprobación de la ley de VIH en nuestro país. Los primeros días de marzo vamos a tener novedades en este sentido”, habían dicho desde el Ministerio durante la reunión con la última Directora de respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y TBC del Ministerio de Salud de la Nación, Cecilia Santamaría. Pero estamos en agosto, el proyecto sigue sin llegar al recinto y hace seis meses que la Dirección está acéfala.

“La pandemia nos ha demostrado que con financiamiento y voluntad política la humanidad ha podido desarrollar vacunas para COVID-19 en apenas 1 año. Entonces vale hacerse la pregunta: ¿por qué después de 40 años seguimos sin una cura para el VIH? ¿Por qué no tenemos una vacuna para prevenirlo?”, se preguntó Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP y agregó: “Lamentablemente, el Estado descansa en delegar en el mercado la decisión de qué medicamentos generar. Se ha corrido de su rol de intervención en las políticas de desarrollo de medicamentos que curen las enfermedades y se mantiene como comprador activo de medicamentos caros desarrollados a costa de nosotres; todos los días debemos tomar pastillas para no morir”.

Todos los días mueren tres personas por enfermedades relacionadas al sida. Nuestro compañero, Héctor Leboso, que integraba el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, falleció con 63 años en una situación de gran vulnerabilidad sin contar con ningún aporte social. Esperaba que se aprobara la ley de la que él mismo había sido parte de su formulación y que le hubiera garantizado acceder a una jubilación o pensión después de tener VIH por más de 20 años. 

Además, hay una situación especial de vulnerabilidad social que afecta a las personas con VIH en relación a la expulsión del mercado laboral. Casi el 70% de las personas con VIH se atienden en el sistema público de salud, debido a que no tienen trabajo registrado. En la Argentina, es habitual que se siga haciendo detección forzosa del VIH en los análisis preocupacionales, lo que genera una situación de discriminación y una barrera para el acceso al trabajo. 

“Esta discriminación del mercado laboral hace que, para las personas con VIH, sea casi imposible reunir la cantidad de años de aportes necesarios para el goce de la jubilación. Además, solo un muy pequeño porcentaje de personas logran una sobrevida para alcanzar la edad jubilatoria de 65 años. Por eso, el proyecto incluye artículos que contemplan por un lado una pensión para las personas con VIH en situación de extrema vulnerabilidad y otro de jubilación con menos años de aportes y edad”, afirmó Di Bello.

“La mayoría de las personas con VIH apenas llega a la edad jubilatoria regular debido al deterioro del cuerpo. La aprobación de esta ley es una reparación histórica: el VIH existe desde hace 40 años y los gobiernos son responsables por habernos dejado en manos del mercado”, agregó Di Giano.

Durante la gestión macrista, desde la sociedad civil teníamos pocas expectativas de que se tratara un proyecto formulado durante el 2014 y 2015. Pero desde una convocatoria del Ministerio de Salud que era parte del gobierno anterior, se presentó en dos oportunidades y se logró un dictamen de mayoría, en 2017, en la Comisión de Salud. Ahora, en cambio, resulta difícil entender ¿por qué con la actual gestión ya pasaron más de 11 meses desde que ingresó al recinto y aún no fue tratado en las comisiones correspondientes?  Esta gestión es del mismo signo político que la que gestó el proyecto original y el proyecto consiguió la firma de todos los bloques del Congreso. 

“La COVID-19 debe haber contribuido en esta dilación, pero varias leyes lograron ser sancionadas en estos meses. Justo esta no, que es tan urgente para quienes estamos afectados por la otra pandemia -que este año cumplió 40 años- y que sigue sin tener cura. Cada año hay un promedio de 4800 notificaciones nuevas en el país y anualmente provoca más de 1300 fallecimientos por causas asociadas al sida”, finalizó Di Bello.