Mañana se va a tratar el Proyecto de Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputades pero las personas trabajadoras sexuales fueron excluidas como destinatarias del acceso a la salud pese al pedido de ONUSIDA y la sociedad civil y contradiciendo la instrucción del Ministerio de Salud de la Nación. De no lograrse un dictamen antes de diciembre, el proyecto perderá estado parlamentario por tercera vez. Desde la primera vez que el proyecto ingresó al Congreso, en 2016, más de 8.000 personas fallecieron por enfermedades asociadas al sida.
Después de numerosos reclamos de la sociedad civil, el presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, planteó la posibilidad de lograr una comisión conjunta que unifique los debates de las tres comisiones en las que el proyecto tiene giro: salud, legislación general y presupuesto, para lograr el dictamen antes de fin de año.
Esta mañana nos enteramos que el proyecto se tratará mañana, de manera presencial, en la comisión de Salud de la Cámara de Diputades de la Nación. Pero el proyecto deja afuera a las personas trabajadoras sexuales: fueron excluidas como destinatarias del acceso a la salud pese al pedido de ONUSIDA y la sociedad civil y contradiciendo la instrucción del Ministerio de Salud de la Nación.
“Las organizaciones y las personas con VIH no podemos seguir esperando, en el medio hay personas que pierden la vida, no acceden a tratamientos y esperan una pensión o jubilación para poder seguir viviendo con dignidad”, dijo José María Di Bello, Presidente de Fundación GEP, y recordó que las organizaciones que conforman el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH lograron ingresar el proyecto al Congreso por tercera vez, hace exactamente un año: el 25 de septiembre de 2020.
El proyecto quedó paralizado en la Comisión de Salud durante 10 meses. “Si no se trata de manera urgente, en diciembre perderá estado parlamentario nuevamente”, advirtió Di Bello y destacó que el texto de este proyecto es el resultado de una construcción colectiva entre el Ministerio de Salud, las redes de personas afectadas, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones científicas y ONUSIDA. “En está última oportunidad, además, ingresó con firmas de diputades de todos los bloques. Pero después de diez meses, sin que pase nada en la Comisión de Salud, se comenzaron a pedir informes ampliatorios, lo que genera demoras y que no se de tratamiento al proyecto, en las comisiones de diputadxs”, cuestionó.
Por otro lado, hace algunas semanas se integraron al texto del proyecto ajustes de redacción provenientes de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y el Ministerio de Salud de la Nación, que hacían referencia a los puntos correspondientes a jubilaciones y pensiones. Específicamente, recuperan el derecho a acceder a pensiones no contributivas (que fueron suspendidas durante la gestión macrista) y a un régimen especial de jubilación “Estos artículos son claves en el nuevo proyecto, porque a las personas con VIH les resulta muy difícil juntar los 30 años de aporte y difícilmente llegan a la edad jubilatoria, entre otras cuestiones, porque suelen ser excluidas del sistema laboral, ya que se siguen haciendo testeos de VIH en los análisis preocupacionales a pesar de que no se debe”, subrayó Di Bello.
Desde 1990, en Argentina existe la Ley Nacional del Sida, una ley que si bien fue vanguardia en su momento, hoy, a más de 30 años de su sanción, quedó desactualizada. De no tratarse de manera urgente en el recinto, el proyecto de ley formulado por las organizaciones y las redes de personas con VIH y Hepatitis virales, junto al Ministerio de Salud y las sociedades académicas y científicas, que fue creado colectivamente a partir de las demandas de las personas con VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS, puede ser letra muerta. Tiene un abordaje integral, desde un enfoque de Derechos Humanos, que considera los determinantes sociales de la salud, muy superador al enfoque biomédico de la ley 23.798, y es garantía de ampliación y acceso a derechos que ya fueron conquistados con años de lucha y organización colectiva de inclusión, para todas aquellas personas que viven día a día con estigma y discriminación.
“El reconocimiento de derechos previsionales que contiene la ley es una reparación histórica: el VIH existe hace ya 40 años y los gobiernos son responsables de habernos dejado en manos del mercado. La pandemia del COVID-19 nos ha demostrado que con financiamiento y voluntad política la humanidad ha podido desarrollar vacunas en apenas 1 año. Entonces vale hacerse la pregunta: ¿por qué después de 40 años seguimos sin una cura para el VIH? ¿Por qué no tenemos una vacuna para prevenir el VIH? El Estado descansó y descansa todavía lamentablemente en delegar en el mercado la decisión de qué medicamentos desarrolla y se ha corrido de su rol de intervención en las políticas de desarrollo de medicamentos que curen las enfermedades. El Estado se mantiene en un rol de comprador activo de medicamentos caros desarrollados por el sector privado a costa de que nosotres nos tomemos las pastillas todos los días para no morir”, dijo Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP.
Además, este nuevo proyecto de ley de VIH lograría subsanar una demanda histórica, al incluir a las 224 mil personas que viven con hepatitis C en Argentina, a las 10 mil personas que todos los años son diagnosticadas con tuberculosis, a las 136 mil personas con VIH, a las mujeres, a personas con capacidad de gestar y a aquellas que nacieron con el virus por transmisión vertical.
“Si no tenemos novedades sobre el pronto tratamiento del proyecto de ley, tendremos que realizar acciones en la calle como cada vez que nuestros derechos fueron vulnerados. ¡No hay más tiempo! Ley de VIH, ITS, hepatitis y tuberculosis, ¡YA!”, concluyó Di Bello.
Deja tu comentario
Debe iniciar sesión para escribir un comentario.