Fundación GEP participó de “Diálogos políticos: acceso a tratamientos y vacunas en el marco de la pandemia de #COVID19. Desafíos del sistema de propiedad intelectual”. El encuentro virtual fue organizado por la Red Latinoamericana de Acceso a Medicamentos (RedLAM), entre el 29 y 30 de septiembre, y contó con referentes de toda la región y el objetivo fue discutir sobre el rol de las instituciones multilaterales en el marco de la actual pandemia, así como las limitaciones que genera el sistema de propiedad intelectual en el acceso a medicamentos y vacunas. 

“La llegada del COVID-19 marcó la crisis del sistema sanitario y lo encontró en condiciones deficientes en la mayoría de los países, producto de haber pasado por un proceso de financiarización de los sistemas de salud”, afirmó Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de GEP durante el evento y recordó que el denominado tratado sobre Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), establecido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) durante la Ronda de Uruguay (entre 1986 y 1994), obligó a los países miembros de ese organismo multilateral a adoptar leyes de patentes lo que generó la proliferación de solicitudes de patentes farmacéuticas extranjeras, provenientes mayormente de los países desarrollados.

“El sistema de patentes está beneficiando más a las multinacionales que a la Salud Pública”, advirtió Di Giano, que es abogada especializada en derechos de propiedad intelectual y recordó que existen antecedentes similares que ya han sido demostrados en el año 2012, a través del análisis de la la Comisión Global del VIH y la Ley, que en su capítulo 6 cuestiona las consecuencias que generan las patentes sobre el acceso a la salud y recomienza que los Estados Miembros de la OMC suspendan “urgentemente” los ADPIC relacionados con productos farmacéuticos esenciales, y también recomienda una moratoria para que los países se abstengan de adoptar medidas ADPIC Plus en los tratados de libre comercio. Estas recomendaciones formaron parte de los antecedentes más importantes que, en el año 2015, el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, tomó en cuenta para la creación del Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Acceso a Medicamentos e Innovación (en el que Lorena Di Giano  participó como miembro del Grupo Asesor de Expertos que asesoró al Panel). Panel que se encomendó en recibir propuestas de todos los sectores que dieran solución a las contradicciones existentes entre los derechos de los detentores de patentes y el Derechos Humanos a la Salud y que emitió un informe de recomendaciones.

“La intención era promover la innovación, pero en el caso de los medicamentos y las tecnologías médicas, el tiempo ha demostrado lo contrario”, sintetizó Di Giano y cuestionó la práctica del ever-greening que llevan adelante las compañías. “Además, las farmacéuticas se convirtieron en empresas que especulan en mercados bursátiles y las tecnologías médicas que están en esta lógica del mercado nos traen grandes problemas, porque acciones más patentes nos traen precios que no podemos pagar ni los usuarios ni los Estados. Tienen la obligación de garantizar la Salud Pública”, subrayó.

Frente a estas situaciones abusivas, el mismo ADPIC incluye las denominadas salvaguardas que buscan resguardar la soberanía de los países. Al respecto, Di Giano repasó que existen algunas que son de carácter reparador que limitan los derechos exclusivos que otorgan las patentes, como las Licencias obligatorias y las uso gubernamental no comercial; y las salvaguardas de carácter preventivo (que son las más efectivas), como el rechazo de patentes que no cumplen con la legislación vigente en cada país. “Es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil participemos en esto”, motivó Di Giano y destacó que en Argentina, desde la Fundación GEP, este año ya han presentado tres oposiciones a solicitudes de patentes que la multinacional Gilead intenta obtener sobre el remdesivir, la única droga que ha demostrado cierta eficacia en el tratamiento del COVID-19, y que ya se está usando en algunos países aunque todavía se encuentra en estado experimental.

De manera similar,  a pesar de que desde el inicio de la pandemia se habla de eximir a las vacunas contra el nuevo coronavirus de estos derechos monopólicos, las multinacionales farmacéuticas que están trabajando en su desarrollo ya cuentan con solicitudes de patentes en distintas partes del mundo. “Encontramos 188 patentes asociadas a las vacunas anti-SARS y anti-MERS con una respuesta inmune demostrada”, reveló Di Giano.

 

Durante el encuentro, también participaron especialistas de otras instituciones y países de la región, como el investigador del South CenterGermán Velazquez, que fue coordinador del programa de acceso a medicamentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que repasó las transformaciones que atravesó la OMS desde su creación: el organismo multilateral hoy está financiado principalmente por fundaciones privadas vinculadas a la industria farmacéutica. Velázquez dejó abierta la reflexión sobre posibles abordajes para salir de la crisis sanitaria global que se ha puesto de manifiesto por el COVID-19: “La OMS no habla más de licencias obligatorias. Ahora dice que es mejor ir por vías voluntarias -para las empresas-”, advirtió el especialista y agregó que la OMS tiene la posibilidad de legislar según el art 19 de su Carta Constitutiva, y que se debe trabajar en el sentido de otorgar mayor capacidad de generar Acuerdos vinculantes para todos los países miembro para encaminar polìticas favorables para dar respuesta a la pandemia que enfrenta el mundo.

Por su parte, Gonzalo Berron, de la Fundación Friedrich Ebert y el Transnational Institute (TNI) en Brasil, en representación de la Campaña Global por un Tratado Vinculante sobre DDHH y empresas transnacionales, se refirió a la crisis del multilateralismo y cómo enfrentar los desafíos de un sistema global que amenaza la Salud Pública. Pedro Villardi, coordinador de proyectos en la Asociación Brasileña Interdisciplinaria contra el SIDA, se compartió sobre el proceso que viene trabajando la Campaña Global por el Tratado Vinculante sobre DDHH y empresas trasnacionales, sus logros y desafíos.

La farmacéutica Mayra Vásquez, que es presidenta de la Asociación de Químicos Farmacéuticos de Bogotá y Cundinamarca y participa en RedLAM y Fundación Ifarma de Colombia, en cambio, se refirió a la producción de medicamentos en América Latina y destacó la importancia de que los países de la región cuenten con capacidades productivas y establezcan acuerdos de cooperación para facilitar el acceso a las tecnologías médicas en el marco de la pandemia de COVID-19.

Por último, el médico epidemiólogo Francisco Rossi, que fue asesor del Ministerio de Salud de Colombia y presidió IFARMA, presentó la Declaración de RedLAM para poner fin a lo que podría considerarse una segunda esclavitud provocada por el sistema de patentes sobre los medicamentos. Esta declaración pone de manifiesto como el sistema de patentes provoca enfermedad y muerte de personas y solicita a los países miembro de la OMC que recuperen la soberanía sanitaria que cedieron en ese organismo en los años ´90s a través de la firma del ADPIC, y retiren las tecnologías médicas de ese Acuerdo Internacional, a la vez que se adopte un Acuerdo Vinculante en la OMS para el desarrollo de tecnologías médicas basado en la inversión del Sector Público.