La semana que viene se debate en la OMC la suspensión de la propiedad intelectual sobre las tecnologías médicas vinculadas a la Covid-19. Los países desarrollados rechazan esta idea desde que India y Sudáfrica la propusieron, en octubre del año pasado. A principios de mayo, Estados Unidos anunció que apoyará la exención de patentes sobre las vacunas y el mapa de las negociaciones empezó a cambiar. ¿Qué implica esta decisión histórica, de qué manera puede influir en el control de la actual pandemia y cuáles son sus límites?

“Esta es una crisis sanitaria mundial, y las circunstancias extraordinarias de la COVID-19 exigen medidas extraordinarias. El gobierno cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero en pos de ponerle fin a esta pandemia, apoya la exención de esas protecciones para las vacunas contra la COVID-19”. Con esas palabras, Katherine Tai, la representante de comercio exterior de Estados Unidos, anunciaba el apoyo de la administración de Joe Biden a la suspensión de las patentes sobre las vacunas contra el Sars-Cov-2, en la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Desde entonces, el tema se volvió tendencia en todo el mundo, que mira indignado cómo apenas 10 potencias han acaparado el 80% de las vacunas, mientras que todavía hay 130 países que no han logrado acceder a una sola dosis de ellas, tal como ha denunciado a principios de año el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres. “Es una decisión histórica, su importancia radica en que Estados Unidos está reconociendo algo que siempre negó: que el sistema de patentes no está funcionando para atender las necesidades de salud que tiene el mundo”, subrayó Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP.

Tras el anuncio, Estados Unidos ha quedado como en el promotor de esta medida para facilitar la fabricación y el acceso a las vacunas que permitirían ponerle fin a la actual pandemia. Sin embargo, la idea no surgió allí, ni en ninguno de los países desarrollados  –donde las grandes farmacéuticas tienen sus casas matrices–, que desde el inicio de esta crisis sanitaria tuvieron la posibilidad y el poder de actuar de manera diferente para cuidar la salud global y evitar millones de muertes alrededor del mundo, pero decidieron no hacerlo. 

Por el contrario, esta propuesta –conocida como waiver, por su denominación en inglés– fue presentada ante la OMC en octubre de 2020 por India y Sudáfrica y se refiere a la suspensión de los distintos derechos de propiedad intelectual que existan sobre todas las tecnologías médicas vinculadas a la COVID-19, mientras dure  la pandemia. Es decir que no solo se refiere a patentes ni únicamente a vacunas –como ahora lo propone Estados Unidos–, sino también, por ejemplo, a derechos de autor, diseños industriales y protección de la información no divulgada que puedan existir sobre dispositivos diagnósticos, medicamentos y otras tecnologías como respiradores. 

De aprobarse, esta medida permitiría que todos los países con capacidades e intenciones puedan producir las vacunas y otras tecnologías médicas que ya están desarrolladas, sin la amenaza de tener conflictos legales con las empresas farmacéuticas que son dueñas o pretenden obtener títulos de propiedad intelectual sobre esas tecnologías. “La idea central de la waiver es proporcionar seguridad jurídica para los países y empresas que decidan producir las vacunas, medicamentos y otras tecnologías para la COVID-19 y de esa manera aumentar la escala de producción que el mundo necesita para poder llegar a toda la población mundial”, explicó Di Giano.

Desde que India y Sudáfrica presentaron esta iniciativa, fue apoyada por más de cien países, entre los que se encuentra Argentina -que se manifestó a favor desde que fue presentada en la OMC-, y alrededor de 300 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, como Fundación GEP en el país, la RedLAM en América Latina y Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras, que incluso han implementado campañas de adhesión a nivel global. 

“La comunidad organizada a nivel mundial ha sido clave para movilizar la Waiver”, subrayó José María Di Bello, Presidente de Fundación GEP, y advirtió que la incidencia de la Sociedad Civil ha logrado, incluso, que algunos países se sumaran como copatrocinadores de esta propuesta. Al respecto, recordó que Fundación GEP hizo “un gran proceso de incidencia” en Argentina ya que, por ejemplo, les acercaron un documento con argumentos a favor a diversos referentes y decisores políticos, incluyendo al presidente de la nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. También al canciller Felipe Solá y todos los del ParlaSur, al por entonces ministro de salud, Ginés González García y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kichiloff. Las cartas también llegaron a numerosxs diputadxs de la Nación, como Máximo Kirchner, Fernanda Vallejos e Itaí Hagman, entre otrxs. “Esperamos que desde Argentina demos un paso más, y no solo apoyemos esta iniciativa sino que también nos sumemos a los otros 62 países que ya son copatrocinadores de la waiver”, expresó Di Bello. 

Desde octubre del año pasado, la propuesta fue presentada para su debate en reiteradas oportunidades en la OMC, pero a medida que iba ganando adhesiones en todas partes y los países que se sumaban como patrocinadores ascendían de 4 a más de 50, se mantenía el rechazo de los países desarrollados, que desde la primera reunión vetaron cualquier posibilidad de debatir este tema y liberar las patentes. Los principales opositores fueron el mismo Estados Unidos, sede de Pfizer, Moderna y Johnson and Johnson; los países de la Unión Europea, sede de BioNTech y AstraZeneca; el Reino Unido, también sede de AstraZeneca; Suiza, adonde se ubican Novartis y GSK; Noruega, que también es un gran productor de fármacos.

“El anuncio de Biden es muy bueno y podría impulsar el apoyo de otros países ricos a esta iniciativa, pero llegó 7 meses tarde; varios países ya podrían estar trabajando para producir la vacuna y tener mayor capacidad para abastecer a más cantidad de población”, cuestionó Di Bello. En aquel entonces, la Covid-19 ya se había llevado un millón de vidas alrededor de todo el mundo. Hoy, siete meses después, esa cifra asciende a 3,2 millones y sigue en aumento. Más aún, según un análisis de científicos del Instituto de Métrica y Evaluación Sanitaria de la Universidad de Washington, la cifra real podría alcanzar las 6,9 millones de muertes por Covid-19 a nivel global. 

Tras las declaraciones de Estados Unidos, algunos países están cambiando su posicionamiento, como Francia, España y Rusia. Ahora, la propuesta debe debatirse ante la OMC, durante la próxima reunión que se realizará el 8 y 9 de junio. “Sin quitarle relevancia al anuncio, Estados Unidos dijo que está dispuesto a avanzar en las negociaciones sobre el texto en la OMC, pero anticipó que éstas van a llevar tiempo, y aclaró que la decisión debe ser tomada por consenso dentro de la institución, lo que sugiere unanimidad, y no los dos tercios de los votos que marcan los estatutos de la OMC para tomar una decisión como la waiver”, advirtió Di Giano, que es abogada especializada en temas de acceso a medicamentos y propiedad intelectual.

 

 

 

 

¿Pero, por qué esta iniciativa se presenta y debate ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y no ante la Organización Mundial de la Salud (OMS)? Porque los derechos de patentes y propiedad intelectual se rigen por el Tratado sobre Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC o TRIPS , por su sigla en inglés), que se firmó en 1994 en el marco de la OMC, que regula el intercambio comercial global y tiene poder vinculante, es decir que puede penalizar a quienes no cumplan con los acuerdos allí pactados. 

Las promesas detrás del sistema globalizado en la OMC, a través de dicho acuerdo, eran que los derechos exclusivos que otorgarían las patentes actuarían como incentivos para promover la innovación tecnológica, que una vez concluida su vigencia pasarían al dominio público y, de ese modo, beneficiarían a la sociedad toda. Las patentes son títulos de propiedad que les otorgan a sus titulares la exclusividad en la producción, uso, importación y comercialización de las invenciones registradas, en un país determinado y por un período de 20 años, como mínimo. Pero “el tiempo ha demostrado que eso no fue así. Por el contrario, las compañías farmacéuticas se han concentrado a solicitar numerosas patentes sobre meros desarrollos incrementales sobre medicamentos ya conocidos, intentando obtener monopolios pero sin generar verdadera innovación, como requiere el ADPIC y las leyes nacionales adoptadas en su consecuencia”, afirmó Di Giano. 

De hecho, en materia de tecnologías farmacéuticas, un puñado de empresas domina el mercado mundial. Y ante una situación de emergencia como la actual, se ha vuelto evidente que el modelo de innovación que plantea el ADPIC no está dando respuestas a las necesidades de salud, ya que limita el acceso a las tecnologías médicas y permite la especulación de grandes compañías que tienen el poder de decidir a qué países venderles y a qué precios, abusando del sistema, e incluso de establecer acuerdos voluntarios  para la tercerización de la producción, con condiciones que claramente buscan el lucro y no salvar vidas. 

Tal fue el caso de Gilead, por ejemplo, que el año pasado en medio de la pandemia estableció un acuerdo de licencias voluntarias con cinco laboratorios de India y uno de Paquistán, a los que habilitó para producir remdesivir -el único fármaco que en ese entonces había sido aprobado para tratar la Covid-19 (aunque su eficacia todavía es cuestionada)- pero les prohibió comercializarlo en muchas partes del mundo, incluida la mayoría de los países de América Latina.

Por su parte, desde el inicio de la pandemia, la OMS –el organismo multilateral que se ocupa de velar por la salud mundial– ha impulsado diversas acciones para promover el acceso equitativo a todos los insumos médicos, pero siempre basadas en la voluntad de las empresas. “La OMS no tiene ninguna jurisdicción sobre el sistema de ADPIC y sólo puede apelar a negociaciones que son voluntarias para las empresas y que, como las evidencias indican, no se han obtenido los resultados esperados”, resaltó Di Giano. 

Para las vacunas, por ejemplo, la OMS organizó el fondo Covax, junto con Alianza de Vacunas (GAVI) y las Coalición de Innovación y Preparación contra Epidemias (CEPI). Así, se proponía hacer llegar 2.000 millones de dosis a todo el mundo en este 2021, pero pocas empresas han accedido a ceder la tecnología para fabricar vacunas y, por el momento, las entregas están demoradas porque la escala de producción alcanzada no permite cubrir ni el 20% de la demanda mundial.

“La mayoría de las empresas se negaron al mecanismo Covax, una de las excepciones es la de Oxford-AstraZeneca que cedió tecnología a través del mecanismo a una sola empresa de India para beneficiar a 92 países donde viven 4.000 millones de personas. El ritmo de producción que puede alcanzarse con estos acuerdos es claramente muy limitado para abastecer la necesidad mundial. Hoy existen 130 países que no han recibido ni siquiera una dosis y a este ritmo de producción no lo harán sino hasta el 2023 o 2024”, adviertió Di Giano. 

 

 

 

Ni bien se supo la intención de Estados Unidos de apoyar el waiver, las empresas farmacéuticas –cuyos principales accionistas son los fondos de inversión como BalckRock y The Vanguard Group– comenzaron a manifestar su oposición. En una entrevista con el medio DW, por ejemplo, el director General de la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéuticos, Thomas Cueni, afirmó que la liberación de las patentes “no aumentará el suministro ni en una sola dosis a corto plazo, porque pasan por alto la complejidad de la fabricación de las vacunas, e ignoran hasta qué punto los fabricantes de vacunas y las empresas farmacéuticas y los países en desarrollo ya cooperan para aumentar la capacidad de vacunación”.

Por el contrario, los acuerdos de producción ya establecidos por las farmacéuticas con empresas de países en desarrollo demuestran la capacidad productiva que existe. “En la Argentina ya hay acuerdos para producir vacunas y además tenemos la Red de Laboratorios Públicos, que tiene una planta de biológicos que podría adaptarse; también Brasil tiene capacidad para producir vacunas y Chile está en negociaciones para fabricar las inmunizaciones de Sinovac”, ejemplificó Di Giano, que también coordina RedLam, y agregó que se estima que hay más de 300 empresas que podrían empezar a fabricar si se eliminara la amenaza de acciones judiciales que representan los derechos exclusivos que otorgan las patentes y otros derechos de propiedad intelectual. “A través de esta suspensión también se podrían instalar nuevas plantas productivas en países adonde se fue desmantelando su capacidad de producir vacunas en los últimos años, luego de la firma de los ADPIC, como Colombia, que podría recuperarlas porque además cuenta con profesionales preparados para hacerlo”, agregó Di Bello.

Otro de los argumentos que se escucharon en estos días indica que ya existen herramientas dentro del ADPIC que permiten evitar abusos por parte de las farmacéuticas. Se refieren a las denominadas “flexibilidades” o “salvaguardas de salud”, entre las cuales figuran las licencias obligatorias, según las cuales las farmacéuticas deberían ceder esos derechos, por los que de todos modos cobrarían regalías. El problema con ellas es que debe realizarla cada país por separado y producto por producto, lo cual resulta complejo y requiere mucho tiempo, que en este momento se traduce en más vidas humanas que se pierden. Además, los pocos ejemplos de uso de licencias obligatorias que se intentaron en el mundo evidencian las presiones económicas y políticas que luego sufren los países al implementarlas. 

“A fines de 2020, y a instancias de la sociedad civil organizada, haciendo uso de los derechos que otorga el ADPIC, el gobierno de Rusia emitió una licencia obligatoria para permitir la producción genérica de remdesivir, pero Gilead, la farmacéutica estadounidense titular de la patente sobre este medicamento, demandó al gobierno ruso por violación de sus derechos de propiedad intelectual ”, recordó Di Giano y adviertió: “esto es un claro ejemplo de lo que le pasaría a cualquier país que decidiera hacer uso de este importante instrumento de Salud Pública”.

Por otro lado, también se dice que sin propiedad intelectual se desincentiva la innovación ya que las empresas no se verán motivadas a invertir. Sin embargo, para el desarrollo de vacunas y tratamientos para la COVID-19, por ejemplo, se estima que más de 70 billones de dólares provinieron de fondos públicos, en su mayoría de gobiernos, incluso de países en desarrollo. En este proceso, además, se han involucrado múltiples actores, incluidos los y las voluntarias de todo el mundo, que se han ofrecido a participar solidariamente en los ensayos clínicos necesarios para corroborar la eficacia de vacunas y medicamentos. 

“No hay transparencia en lo que realmente invierten estas empresas, pero se estima que recuperan su inversión  en un año de venta, sólo en Estados Unidos”, afirmó Di Giano y explicó que, en general, son las universidades las que realizan las investigaciones de ciencia básica, que luego ceden a las empresas para la etapa de ensayos clínicos. “Este sistema de patentes llevó a que los Estados inviertan en esa etapa primera, pero los convirtió en compradores activos de medicamentos caros producidos por los privados”, subrayó Di Giano, y afirmó que el caso de las vacunas es “escandaloso” hasta en la Unión Europea, adonde los gobiernos han puesto miles de millones de dólares para apuntalar a las empresas, y estas ni siquiera están cumpliendo con las entregas pautadas en los contratos.

“¿Cuántas veces los Estados tienen que pagar las vacunas para las cuales ya han invertido en su desarrollo? Los dueños de las vacunas son los fondos de inversión a costa de los fondos públicos. Un negocio redondo: el Estado invierte el mayor porcentaje en el desarrollo de las vacunas, que quedan en propiedad de las farmacéuticas, y luego es el mismo Estado el que tiene que volver a invertir en comprarlas”, coincidió Di Bello y recordó que las farmacéuticas ya lograron “privilegios en la limitación de sus responsabilidades”, ya que presionaron a muchos países a sancionar leyes que establecen una prórroga de jurisdicción a tribunales de Nueva York y exenciones de responsabilidad civil, en caso de que las vacunas no funcionen o generen efectos adversos. Es lo que ocurrió en Argentina, por ejemplo, adonde Pfizer, incluso, pretendía obtener garantías y privilegios adicionales. 

“La waiver debe aprobarse porque es la única respuesta que se reconoce como eficaz en el contexto actual. Los sistemas de desarrollo y producción alternativos al ADPIC han sido progresivamente devastados en todo el mundo, afectando gravemente las capacidades para responder de manera efectiva y colaborativa a esta pandemia”, afirmó Di Giano y subrayó que, por eso, en paralelo a la resolución de la emergencia que es la prioridad en este momento también es necesario que se generen debates en todos los niveles, incluso en la OMS, sobre los posibles modelos de innovación tecnológica en materia de salud que no estén vinculados con el lucro de empresas, sino en preservar la vida de la población toda.

La única manera efectiva de lograr que toda la población acceda a los tratamientos que necesita, no solo a los de COVID-19, porque todos los años se mueren millones de personas en el mundo por no acceder a tratamientos médicos o medicamentos, es sacar definitivamente las tecnologías médicas del ADPIC”, concordó Di Bello y concluyó: “Los medicamentos no deben estar bajo la órbita de la OMC, deben estar bajo la órbita de la OMS, que hoy prácticamente no tiene mandato sobre estos temas”.

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